¿Es lícito realizar una campaña contra un programa de televisión y solicitar a los anunciantes que lo patrocinan que retiren la publicidad del mismo?
¿Es lícito, al hacerlo, plantear la posibilidad de un boicot a los productos de esos mismos anunciantes si no retiran la publicdad?
Es esto lo que sucedió con el bloguero y periodista Pablo Herreros cuando solicitó la retirada de la publicidad el programa La Noria de Telecinco porque había entrevistado –y pagado por su presencia en el canal- a la madre de “El Cuco”, uno de los implicados en la posible violación y en la muerte y desaparición de Marta del Castillo.
El citado bloguero quiso denunciar el que “que haya televisiones capaces de lucrarse a costa de la inmoralidad y de hacer más daño gratuito a las familias de las víctimas de delitos tan graves como el asesinato o el homicidio de una persona”.
Para evitar estos actos, el bloguero pedía a los principales anunciantes del programa que retirasen la publicidad del mismo –cosa que hicieron- mediante una carta que en lo esencial decía:
Su marca fue una de las que más veces se anunció ayer durante este programa, por lo que contribuyó directamente a financiar esta inmoralidad que revuelve el estómago a gran parte de la sociedad española.
“Somos conscientes de que los anunciantes no siempre eligen deliberadamente patrocinar un programa, sino que muchas veces compran un número determinado de anuncios en una cadena o franja horaria, sin pedir específicamente que se emitan en dicho programa.
No obstante, cada anunciante siempre tiene la opción de exigir que sus anuncios NO se emitan en un programa concreto. Y como estamos seguros de que ustedes también reprueban sucesos tan repugnantes como los de ayer, y de que no quieren que la imagen de su marca sirva para financiar y apoyar a los criminales y sus familias, les pedimos:
- Que pidan perdón por haber financiado involuntariamente un contenido televisivo tan inmoral.
- Que no vuelvan a anunciarse en La Noria ni en ningún otro programa que pague a delincuentes o a su entorno cercano por ir a hablar de su delito.
Si no se adhirieran a nuestra propuesta, seguiríamos exigiéndoselo en adelante y promoveríamos un boicot de sus productos. Pero estamos seguros de que ustedes son los primeros que no quieren arropar con sus marcas hechos tan lamentables y tan dolorosos para las familias de las víctimas, como la de Marta del Castillo y tantas otras que han pasado por experiencias similares. Esperamos con ilusión su respuesta”.
La imputación de un juez
Hasta aquí, todo parece correcto, las cadenas de televisión deciden sus contenidos y los emiten invocando su libertad de expresión. El bloguero y los espectadores, usando del derecho a la información, quieren conocer las circunstancias de la presencia de los que aparecen en el programa -¿cobran o no?-, y, luego, manifestando su autonomía personal, critican el programa y proponen una acción: que se retire la publicidad de la cadena y si no se hace, propone lanzar un boicot a las marcas anunciantes.
Sin embargo, ahora un juez imputa al bloguero por coacción “por supuestos delitos de amenazas y coacciones y ordena que se practiquen las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, sus autores y circunstancias”.
He leído atentamente el texto de la reclamación en el que solicitaba la retirada de la publicidad. No he sabido encontrar las amenazas ni las coacciones, salvo que se pueda considerar amenazante la libertad de consumo –comprar o no un producto- y comunicárselo a los ciudadanos, explicando las razones por las que se hace.
Si lo que se hace en ese texto resultara, después del juicio, calificado de “coacción” o de “amenazante”, nadie podría de entonces en adelante ejercer libremente su libertad de expresión, sus juicios y su libertad de consumo.
¿Cuántas veces hemos oído decir a personas individuales o a grupos que si un partido político hace esto o lo otro, no le votarían y propagarían el sentido de ese voto entre la gente? Pues bien, alguien podría considerarlo amenazante y podría prohibirse.
O, imaginemos que defendemos el comercio justo y que pedimos que no se compren productos que han sido elaborados en condiciones de esclavitud… ¿sería esto también una amenaza o una coacción?
No lo creo. Me parece, en cambio, que actitudes como las de Pablo Herrero –sin entrar en su oportunidad y conveniencia- abre nuevas posibilidades de crítica mediática, de responsabilidad pública antes los medios. Pueden favorecer la transparencia y la dignidad de las personas.
Estaremos muy atentos al sentido de la sentencia.Alphabounce InstinctB90 3M Reflective Mid Top Air Jordan Candy What The Color Matching Aj1 Air Jordan 1 Mid GS SKU 554725-083 Mid Top Casual Sport Shoes Q17 J26 Online, Price: $89.60 – Air Jordan Shoes
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