En 2020, en un mundo de más de 170 países solo había 22 que podían denominarse democracias plenas -según un informe de The Economist. Entre ellos, España que ocupaba el lugar 17 pero con puntuación muy parecida a la del primero, Noruega, y por encima de países tan significativos, como Francia.
EEUU no formaba parte de ese grupo. Tampoco Bélgica. Todos ellos se encontraban en el rango de lo que el informe denominaba democracias defectuosas.
Sin embargo, en el informe de 2021, España ha perdido categoría democrática. Del puesto 17 pasa al 24. Y, lo que es peor, abandona la categoría de democracias plenas (ahora solo 20) y pasa a integrar el de democracias defectuosas.
Pese a todo, su puntuación total no es excesivamente alarmante: 7,94, sobre un máximo de 10. O sea, no estamos ante una catástrofe. Pero hemos de reconocer que no solo hemos dejado de avanzar sino que vamos hacia atrás.
Razones del declive
¿A qué se debe este declive de la democracia en España?
Podemos imaginarlo fácilmente, pero el informe, con cierta vaguedad, se atreve a enumerar los factores esenciales.
Primero, la no renovación desde hace años del consejo del poder judicial, bloqueado por la falta de consenso entre los grandes partidos. Por tanto, estamos ante factor de deterioro de algunos de los grandes principios democráticos: la separación de poderes y la independencia de la justicia.
Hace un año, la renovación de ese consejo parecía posible y próxima. Sin embargo, Gobierno y oposición (y, por tanto, los dos grandes partidos del parlamento) han decidido -con mejor o peor voluntad- no ponerse de acuerdo en la renovación del órgano que gobierna la justicia. Y lo que queda claro en este desacuerdo es que ambos partidos no renuncian, como deberían, a influir decisivamente en el gobierno de la justicia.
El segundo factor que enumera el informe, y deteriora , la democracia es la fragmentación política.
Pese a que, a juicio de muchos, esa división (fragmentación) de la representación política pueda favorecer la diversidad y acercarse mejor a la representación de las minorías, lo cierto es que cuando se hace excesiva es evidente que acaba perjudicando la gobernanza, la estabilidad, y exacerba artificialmente las polémicas.
El tercer factor señalado por el informe es la letanía constante de escándalos relacionados con la corrupción que han jalonado la vida pública española durante la última década.
El problema no es escándalo en sí mismo, sino el hecho de que parece haberse instalado en la opinión pública la convicción de que la corrupción es un mal intrínseco al sistema aunque sea democrático. De ahí, el descrédito de las instituciones y el creciente escepticismo sobre el sistema político que se extiende en la opinión pública.
Y, finalmente, los desafíos planteados a la gobernanza del país por el creciente nacionalismo regionalista catalán (raising regional nationalism).
De hecho, todos estos factores acaban funcionando conjuntamente. Y sus consecuencias se acumulan a la hora de erosionar la confianza en el sistema democrático.
No importa qué fue antes y qué después. Lo cierto es que el desafío nacionalista en Cataluña, junto a la crisis económica de 2008, enrarecieron y llevaron al límite la sensación colectiva de que la polarización se había enquistado en nuestra esfera pública y de que los escándalos de corrupción nos acompañarían siempre.
Contribuyeron al enfrentamiento político y a la polarización entre constitucionalistas y nacionalistas catalanes, por un lado, y entre partidarios del de la transición y del consenso y sus detractores que consideraban esa transición como la imposición de un régimen neoliberal.
Incentivaron las denuncias y las críticas acerbas sobre las instituciones, los altos cargos del estado.ñ, e, incluso, las personas.
Ayudaron a difundir y ampliar el escándalo sobre los diversos casos de corrupción, singularmente los que se relacionaban con las estructuras políticas catalanas y las instituciones del estado.
Y, con ello, contribuyeron a crear una profunda desconfianza en las instituciones y hacia los servicios que estas pueden proporcionar; y a separar profundamente el ámbito político -que algunos han llegado a calificar despectivamente de casta- de la ciudadanía -cada vez más confusa y con menos incentivos para participar en política.
El resultado de todo ello es un deterioro preocupante del sistema democrático, de sus instituciones y de la confianza cívica en sus representantes y gobernantes.
Las perspectivas
Lo peor es que, hoy día, a finales de 2022, no hay indicios de mejora en casi ninguno de estos aspectos. Más bien al contrario.
El consenso sobre la renovación del poder judicial está lejos de alcanzarse. Por tanto, uno de los órganos esenciales para sostener la democracia, que es la justicia, está lejos de alcanzar el grado de independencia que el orden constitucional exige.
Por otro lado, el nacionalismo catalán -menos activo en la calle y en fase de moderación en su enfrentamiento con el estado-, está, sin embargo, impulsando, a través de los partidos independentistas y con el apoyo del gobierno, cambios legales en el código penal que podrían poner en cuestión la igualdad ante la ley de la ciudadanía. Especialmente, en lo que se refiere a la definición del delito de sedición y en las penas impuestas a los delitos de malversación y corrupción. Con lo que a juicio de algunos analistas, los cambios que se proponen están impulsados en el fondo por los mismos que se beneficiarían de ellos, arruinando así el principio de que las leyes tiene que ser para todos.
Y tampoco hay signos de que la tensión político parlamentaria se vaya a reducir en los próximos meses. Al contrario, los debates sobre las leyes relacionadas con la igualdad en materia de género y los debates sobre el código penal, además de la proximidad de las elecciones, están calentando el ambiente político de modo notorio. A lo que hay que añadir los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania. De modo que lo probables es que tanto la tensión política como la social van a aumentar en los próximos meses.
Probablemente, no estamos ante una tormenta perfecta. Pero, en cualquier caso, la incertidumbre es muy grande, y las perspectivas de estabilidad y mejora democrática no son muchas.
Si, en este contexto, los sistemas de amortiguación de la crisis económica no acaban de funcionar, nuestra esfera pública se recalentará en demasía y corremos el riesgo de entrar en una espiral de franco deterioro de la democracia.
Claves de la regeneración democrática
Solo un cambio decidido en la gobernanza, podría generar un punto de inversión en la deriva decadente para nuestro sistema democrático.
El rumbo que habría de seguir este cambio, no es, de ningún modo, un misterio. Prácticamente, se trata de subsanar los defectos señalados en el informe de The Economist.
Contra la partidización de la justicia: promover la independencia y autonomía de la justicia.
Frente a la fragmentación: impulsar grandes acuerdos sobre elementos esenciales de nuestra convivencia, entre otros, sobre los principios que inspiran nuestra constitución y sobre las formas de preservación del estado del bienestar.
Y, finalmente, ante la corrupción: promover los mecanismos adecuados para prevenirla, impedirla y castigarla.
En este sentido, los partidos y los grupos políticos deberían acometer un plan de diálogo político y ciudadano encaminado a crear el máximo consenso sobre las siguientes cuestiones:
- El funcionamiento independiente de las instituciones. Especialmente, de los tres grandes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial; pero también de otros órganos esenciales como son el tribunal constitucional, los medios de comunicación públicos, las universidades y el sistema científico, las autoridades de regulación, así como los diferentes consejos, agencias y organismos que disponen de autonomía y han de garantizar un servicio transparente a la ciudadanía.
- La consolidación y reforzamiento del acuerdo sobre los principios constitucionales. En los últimos años se han puesto de relieve dos problemas que aunque de naturaleza diferente, suponen un desafío serio a la constitución. El primero de ellos es la exigencia de llevar a la práctica los derechos sociales proclamados en la constitución, cuya realización se ha demorado o deteriorado en las últimas décadas: la igualdad, el derecho a la vivienda, el derecho a la saludo, a la educación, etc. El segundo, la necesidad de proteger el interés general y el funcionamiento democrático del estado y de sus autonomías ante los diversos desafíos que han supuesto los reciente movimientos nacionalistas en Cataluña.
- Un cambio decisivo en la cultura política. Se trata, en primer lugar, de pasar de un sistema basado en el electoralismo espectacularizado a un método centrado en la participación y en una gobernanza asentada en una ciudadanía activa, por tanto, en la buena educación, en la información veraz, y en la consolidación de una esfera pública abierta y constructiva.
El resultado de la adopción de este nuevo rumbo político sería una mejor toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía del valor de la democracia, un reforzamiento de las instituciones al servicio de los ciudadanos, y, finalmente, una ampliación de los derechos y de los sistemas de participación.
Y es aquí donde empezarían a abrirse expectativas de cambio en ámbitos tan decisivos, hoy en día, como el de la economía digitalizada, el trabajo, el consumo; así como los diversos ámbitos que delimitan lo que se puede denominar la nueva economía solidaria: la defensa del medio ambiente, la protección social y el denominado tercer sector.
Este nuevo rumbo, seguido con constancia y ambición, es básico para asegurar la sostenibilidad de la democracia en sus niveles básicos. Pero es también el único sistema para que España avance en el camino de la recuperación de su estatuto de democracia plena.
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