Un reciente informe de Save the Children, Iluminando el futuro, revela que el mayor y más importante problema de la educación en España es la falta de inclusión social. Nuestro sistema educativo, pese a haber logrado el objetivo de la universalización, es incapaz de aminorar los efectos de la desigualdad social y el impacto de la pobreza infantil.
Si bien es cierto que el 100% de los niños menores de 16 años se encuentran escolarizados en España, también es cierto que el abandono temprano de la escuela –un 23% frente al 12% en Europa-, la repetición de cursos –uno de cada tres escolares ha repetido un curso antes de cumplir los 15 años- y la falta de obtención del título de graduado –un 30%- disminuyen drásticamente los beneficios de esa escolarización universal.
El sistema educativo, pues, parece funcionar aunque, de hecho, no lo hace bien. La escolarización universal –objetivo logrado de la primera etapa de la transición política- no basta. Hoy podemos reconocer, como hace el informe señalado, que la eficacia de un sistema educativo depende de otros muchos factores distintos a la escolarización y que se sitúan antes o más allá de las escuelas.
¿Cuáles son estos factores? Esencialmente tres:
1) El contexto socioeconómico de las familias y el nivel de formación y titulación académica de los progenitores
2) La cantidad de gastos educativos ocultos –libros de texto, materiales educativos, actividades extraescolares, etc
3) La atención y flexibilidad con que las familias se implican en los centros educativos y en la educación de los niños.
La generación de pobreza educativa
Cuando los niños y niñas viven en contextos sociales de pobreza –con progenitores en paro o con muchas dificultades económicas, u hogares desestructurados- aumenta el riesgo de pobreza educativa. Lo cual que contribuye a la perpetuación de la pobreza y de la vulnerabilidad social. La escuela, entonces, actúa como una herramienta inútil a la hora de solventar estos problemas o, lo que es peor, como un elemento de reproducción de la desigualdad.
A lo largo del informe de Save the Children se describe el mecanismo a través del cual el sistema educativo –sin pretenderlo- contribuye a la fabricación de desigualdad y a la producción de pobreza educativa.
En primer lugar, está la perpetuación y reproducción de la desigualdad de origen social. En contextos y hogares socioeconómicos pobres, el riesgo de pobreza educativa para los hijos es mayor que en el de los bien dotados: “En los hogares en los que sus progenitores no terminaron la educación secundaria es donde hay mayor riesgo de pobreza para los niños. Más de la mitad de los niños que viven en estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (56,7 %)”. Los centros educativos, por públicos que sean y por bien que lo hagan, no logran amortiguar esta desigualdad inicial.
En segundo lugar, la falta de atención pública que se presta a los gastos educativos ocultos. Aunque la escolaridad pública pueda ser gratis –que muchas veces, incluso en los centros concertados, no lo es del todo-, la realidad es que las familias tienen que afrontar cada vez más gastos educativos ocultos: libros de texto, material escolar, comunicaciones, transporte, actividades extraescolares, aprendizaje de idiomas, campamentos de verano, consumos culturales varios, etc. Y lo cierto e indiscutible es que las familias afectadas por el paro y la pobreza tienen enormes dificultades para afrontar estos gastos.
En tercer lugar, la falta de implicación de la familias con la labor de los centros educativos. Cuando menor es ésta, mayor es el riesgo de abandono temprano de la educación. Y la capacidad de implicación de las familias depende, esencialmente, de las condiciones socioeconómicas y laborales de los progenitores. Familias afectadas por el paro y la pobreza se pueden implicar menos en los centros educativos de sus hijos que los que viven confortablemente.
De este modo, la exclusión social y la desigualdad no paran de aumentar. Cuando se combinan estos tres mecanismos -origen social poco favorable, gastos educativos ocultos y falta de implicación de las familias en los centros- se acelera la inducción hacia la pobreza educativa y, en consecuencia, aumenta el riesgo de exclusión social.
Además, las políticas anticrisis puestas en marcha en España y en otros muchos países del mundo no han venido más que a agravar la situación.
Los efectos de la crisis
Save de Children sintetiza así las políticas puestas en marcha en relación con la educación en España desde 2007 hasta hoy.
Por un lado, ha aumentado el gasto medio de las familias en educación a la vez que ha disminuido la inversión pública en educación. Y, por otro, ha disminuido la inversión pública en educación a la vez que se han reducido considerablemente las becas y las ayudas para acceder a los servicios educativos.
De manera que si durante años España en materia de educación venía ya cumpliendo deficientemente con respecto a la media de los sistemas educativos europeos, desde hace una década la situación ha ido a peor. Los factores de desigualdad persisten y se acrecientan. De modo que se ha instalado una peligrosa y dañina espiral de generación de pobreza educativa.
Las consecuencias de este sistema perverso no pueden ser otras que el aumento de la exclusión, de la marginalización de grandes capas de la población, la generación de pobreza endémica y la radicalización de las tensiones sociales.
Pero, ¿existe alternativa?
Una nueva política educativa
Aunque, en general, el debate sobre la política educativa se relaciona preferentemente con las cuestiones internas a los centros educativos –reforma del currículo, metodologías educativas, formación de profesores, sistemas de evaluación, etc.- lo que parece poner de relieve el informe de Save the Children es que para superar las desigualdades y luchar contra la generación de pobreza educativa, deberíamos ocuparnos, también, de los factores para-escolares de la educación, es decir, aquellos que actúan como contexto y condición de la tarea de los centros educativos. Esencialmente dos: las circunstancias socioeconómicas de las familias y los gastos educativos ocultos.
El camino, por tanto, parece estar claro.
Por un lado, las política públicas -y también las del tercer sector- tienen que orientarse decididamente a mejorar las condiciones en que las familias acceden a la educación. Tienen que subvencionarse el esfuerzo educativo de los más pobres mediante ayudas, becas y otros instrumentos de amortiguación de las diferencias sociales. Pero también es preciso potenciar los incentivos a la implicación de las familias en la educación de sus hijos y en la vida de los centros educativos. Al mismo tiempo, hay que mejorar las condiciones de estudio de las familias menos favorecidas mediante el incremento de bibliotecas públicas, de centros de atención al estudio, de tutorías cívicas, etc.
Por otro, hay que tratar de equilibrar socialmente la inversión educativa de las familias. No se trata de reducir la aportación familiar a la educación que hacen las familias que pueden hacerlo, sino de compensar nítidamente la falta de posibilidad de inversión de las familias empobrecidas.
Esto significa luchar decididamente por la reducción de los gastos educativos ocultos. Hay que avanzar en hacer cada vez más accesibles a todos los materiales y recursos pedagógicos escolares y extraescolares, es decir, tanto libros de texto y tecnologías educativas como cursos complementarios y actividades para-escolares.
En ambos casos, no se trata, para el Estado, solo de invertir más –lo que es difícil en períodos de déficit- sino de encontrar soluciones tecnológicas más eficaces y organizar los esfuerzos sociales de un modo más inteligente y eficaz. No hay duda de que, por ejemplo, un uso más inteligente de las TICs y de los recursos digitales puede abaratar, los recursos didácticos –tales como libros impresos, el transporte escolar, las relaciones escuelas familias, etc.-. Pero hay muchas otras soluciones posibles. La concertación entre municipios y ONGs puede mejorar y abaratar un sistema de refuerzo paraescolar a la labor de los centros educativos. También sería positivo buscar la conciliación de horarios familiares con el tiempo de estudio de los hijos e hijas. Esto redundará en mejores posibilidades de atención al estudio de los hijos por parte de las familias. También se puede pensar en los beneficios que reportaría la reordenación de la inversión pública en comunicación y cultura con el objeto de propiciar y favorecer las actividades educativas.
Sin embargo, todo esto pasa por reconocer claramente que el gran problema que el sistema educativo español tiene que resolver en la próxima década es, justamente, la inclusión social y la compensación de la desigualdad económica y cultural. Lo cual es más cierto cada día que pasa.
Lamentablemente, no es este aun el primer problema que se debate en la esfera pública cuando se habla de educación. ¿Por qué?Air Jordan VII 7.5 Ture Flight/Nike_7_1
